EFISUR

La edificación andaluza continúa dando la espalda a la accesibilidad

Expertos en movilidad y accesibilidad debaten en ABC los retos de los edificios públicos y privados de nueva y vieja construcción para eliminar barreras.

Juan José Lara, Aurora Ortega, Rafael Llácer, Miguel Chías y David Marín García

Juan José Lara, Aurora Ortega, Rafael Llácer, Miguel Chías y David Marín García.

En poco más de un año, todos los edificios deberán ser accesibles por ley. El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para que los edificios antiguos susceptibles de “ajustes razonables” realicen las obras pertinentes para eliminar todas aquellas barreras que impidan el uso y disfrute a personas con alguna diversidad funcional. En el caso de las viviendas de obra nueva, ya desde finales de 2010 deberían ser completamente accesibles. Pero, fuera de lo que recoge el papel, la usabilidad del parque de viviendas en Andalucía continúa restringida por distintos obstáculos arquitectónicos para muchos colectivos. De hecho, más de la mitad de los bloques de vieja construcción con menos de cuatro alturas no tiene ascensor, lo que sitúa a la comunidad andaluza a la cola (seis puntos por debajo de la media nacional) de edificios dotados con elevador.

En las obras más recientes hay muchos impedimentos que continúan activos y ni siquiera los edificios públicos se hacen transitables para todas las personas.

Más de la mitad de los bloques de vieja construcción en Andalucía con menos de cuatro alturas no tiene ascensor.

Con el objetivo de analizar la realidad de la edificación andaluza y los retos a afrontar para asumir una accesibilidad universal, ABC de Sevilla ha organizado una Mesa de Expertos bajo el título “Movilidad y accesibilidad en el ámbito público y privado”, con la participación de Miguel Chías González-Blanch, director de Operaciones de Instalación y Mantenimiento en MP Ascensores; Juan José Lara, presidente de la Federación provincial de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Sevilla (FAMS-Cocemfe); Rafael Llácer Pantión, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla; David Marín García, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla; y Aurora Ortega Almagro, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla.

Todos coinciden en señalar que, pese al desarrollo normativo en materia de accesibilidad de los últimos años tanto en la comunidad como a nivel nacional, “aún queda mucho por hacer para lograr alcanzar la accesibilidad universal”, que atiende a un concepto mucho más amplio y hace referencia a que los espacios deben ser “comprensibles, practicables y utilizables por todas las personas de forma cómoda, segura, autónoma y natural”.

Hasta ahora, la mayoría de las actuaciones que se han realizado han sido para mejorar la accesibilidad de personas con problemas de movilidad, “sobre todo pensando en personas usuarias de sillas de ruedas”, pero “más allá de salvar los desniveles verticales hay otros muchos campos todavía vírgenes, como los sistemas de guiado mediante pavimentos podotáctiles en el interior de los edificios para las personas ciegas usuarias de bastón o perro guía, o incluir información perceptible y comprensible para todas las personas que eviten que los usuarios se pierdan dentro de un edificio, que es lo que se llama accesibilidad cognitiva”, declara la profesora Aurora Ortega.

Ortega critica que “muchas veces nos preocupamos más de la estética de un edificio que de la usabilidad del mismo”, y así se diseñan “con suelos muy brillantes y del mismo color que las paredes, con acristalamientos preciosos contra los que nos podemos chocar porque resultan imposibles de detectar para personas con baja visión o simplemente para los que vamos despistados mirando el móvil”. “Todo esto es accesibilidad -explica- y queda mucho por hacer para garantizarla, especialmente la de aquellos colectivos que hasta ahora habían quedado al margen de estas actuaciones”, enfatiza.

En el mismo sentido se pronuncia el también profesor Rafael Llácer, quien asegura que “actualmente existe una epidemia de rampas en los edificios”, aclarando que la accesibilidad universal “va más allá” del cumplimiento específico de una norma de alturas e inclinación”, abogando también por “homogeneizar la marabunta de normativas de accesibilidad existentes actualmente”. El docente sostiene que hay que pensar en la globalidad, instando a “resolver el problema concreto de accesibilidad pero también el contexto, llámese edificio, barriada o ciudad”, pues “no hay que pensar sólo en la persona que lleva una silla de ruedas, sino en todo el mundo”.

La accesibilidad beneficia a toda la sociedad, no sólo a un determinado colectivo.

Esta idea la comparte también el presidente del colegio profesional, David Marín, quien resalta que “la accesibilidad no se garantiza a un colectivo determinado, pues el colectivo somos todos, ya que todas las personas vamos a tener problemas de diversidad funcional a lo largo de nuestra vida, bien por un accidente temporal que nos reduzca nuestras capacidades físicas o porque nos hagamos mayores”. Por ello, subraya, “la intervención en los edificios no puede limitarse a parchear colocando un ascensor o una rampa, sino que tiene que ser una actuación integral”. No obstante, critica que “muchos propietarios no ven estas actuaciones, generalmente muy costosas, como urgentes al considerar que sólo benefician a otros”, por lo que “hay que hacer campañas de concienciación”.

Como ejemplos de que la accesibilidad beneficia a toda la sociedad, Marín señala que en aquellos edificios en los que conviven rampas y escaleras, “gran parte de los vecinos suben por la rampa, incluso aquellos que no tienen impedimentos para usar las escaleras”, explicando que “de la rampa y el ascensor también se benefician personas con carritos de bebé o de la compra, los que portan bicicletas o los repartidores”. Otra muestra del bien común la representa “el grifo monomando” pues, “aunque en principio se diseñó para personas con alguna diversidad funcional, hoy está instalado en casi todos los hogares por su comodidad”.

Necesidad de financiación

La empresa sevillana fabricante de ascensores, MP, lamenta por su parte el parón en la instalación de ascensores que trajo consigo la crisis, y demanda “un nuevo programa de incentivos a las comunidades de propietarios que ayuden a costear estas obras”, pues es necesario “dotar de elevadores los bloques que aún no lo tienen y renovar los ascensores más antiguos donde, por sus dimensiones, girar con una silla de ruedas dentro de la cabina es imposible”, señala Miguel Chías.

El director de Operaciones de Instalación y Mantenimiento en MP Ascensores señala que la normativa en otras comunidades autónomas ha avanzado, pero que en Andalucía “sigue reseñando a cabinas de seis personas”, y reclama “un compromiso político de verdad, pues actualmente cada delegación de Urbanismo de cada Ayuntamiento tiene su propia normativa y eso lo complica todo muchísimo”.

En cuanto a la utilidad de estas obras está de acuerdo en que “beneficia a toda la sociedad, no sólo a las personas con movilidad reducida hoy día”, y recuerda el caso de una vecina del barrio sevillano de El Tardón que estuvo “11 años sin poder salir de su casa por carecer de ascensor”.

En representación del colectivo de personas con discapacidad, Juan José Lara, trae a la mesa estadísticas que califica como “escalofriantes”, pues “según el Consejo General del colegio de administradores de fincas de España, entorno al 75% de los edificios necesitan mejorar su accesibilidad”, y según el Instituto de Estadística de España (INE), en una encuesta de integración social realizada en 2012, “un 32% de la población se encuentra con barreras de acceso y movilidad en los edificios”. A partir de estos datos, “es fundamental el apoyo de las administraciones mediante un programa de subvenciones y ayudas que permitan mejorar esta realidad”, sentencia.

Un 32% de la población se encuentra con barreras de acceso y movilidad en los edificios.

En relación a la fecha máxima fijada en el calendario para garantizar la accesibilidad, el 4 de diciembre del año próximo, señala que “a esta velocidad no vamos a poder llegar a cumplir el calendario que establece la normativa” e insta a “presionar a la administración para que acelere la velocidad y nos pongamos al día lo antes posible”.

Asimismo, solicita dar impulso “a la instalación de ascensores en edificios antiguos”, además de “profundizar en sistemas que permitan usarlo en situaciones de emergencia con garantías de seguridad”. Insta a hacer las rampas “no sólo acordes a la normativa, sino que sean accesibles”, explicando que “a veces la norma permite un cierto escalón de 10 ó 15 centímetros que resulta del todo impracticable para muchas personas”. Por último, considera prioritario que empiece a funcionar “un régimen sancionador en caso de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanísticos y edificaciones”.

Este régimen sancionador también es imprescindible para la profesora Aurora Ortega, quien pone el foco en la urgencia de que “no se sigan haciendo las cosas mal”, pues “se quitan escaleras y se ponen rampas pero éstas están sin señalizar o con pendientes excesivas”, insistiendo en la necesidad de contratar para las edificaciones “a profesionales en movilidad y expertos en accesibilidad”. La docente critica que “incluso los edificios públicos, también los de reciente construcción, incumplen la normativa de accesibilidad”, por ello se pregunta: “¿quién va a ser quien sancione a la Administración?”.

La opinión de los expertos

AURORA ORTEGA ALMAGRO. Profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la US.
Nos preocupamos más de la estética de un edificio que de la usabilidad del mismo.
MIGUEL CHÍAS GONZÁLEZ-BLANCH. Director de Operaciones de Instalación y Mantenimiento en MP ASCENSORES.
Cada delegación de Urbanismo de cada Ayuntamiento tiene su propia normativa en instalación de ascensores y eso lo complica todo muchísimo.
JUAN JOSÉ LARA. Presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla).
A veces la norma permite un cierto escalón de 10 ó 15 centímetros que resulta del todo impracticable para muchas personas.
RAFAEL LLÁCER PANTIÓN. Profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la US.
Actualmente hay una epidemia por colocar rampas en los edificios, pero la accesibilidad va más allá de eso.
DAVID MARÍN GARCÍA. Presidente del COAAT.
Muchos propietarios no ven las obras de accesibilidad en el bloque, generalmente muy costosas, como urgentes al considerar que sólo benefician a otros.